“Los gobiernos pasan, la represión queda”

Lautaro Peñaflor- Bahía Blanca

"La represión es un problema político, 

no sólo policial" sostuvo Verdú

Así titula CORREPI (Coordinadora Contra la Violencia Policial e Institucional) su informe anual de 2015. La organización busca visibilizar aquellos casos en que el aparato represivo del Estado cae contra víctimas inocentes del sistema. 

En tal sentido, uno de los casos paradigmáticos de este tipo de flagelos es el de Walter Bulacio, joven detenido arbitrariamente en 1991 para “averiguación de antecedentes”, luego de una razzia realizada por la Policía Federal. Su caso alcanzó gran repercusión pública y jurídica, llegando incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su sentencia ordenó al Estado Argentino a que se derogaran todas las normas que incluyan prácticas represivas y que se terminaran aquellas que se realizan sin el amparo de una regla. A pesar de ello, siguen siendo moneda corriente. 

Precisamente, el 26 de abril se cumplen 25 años de la muerte de Bulacio, y CORREPI en ocasión del mencionado aniversario, lanzará su campaña “Por Walter y por todxs, ¡Basta de detenciones arbitrarias!”. Por esa razón, Periodismo en Redacción dialogó telefónicamente con María del Carmen Verdú, abogada y militante de la Coordinadora, con quien pudimos reflexionar acerca de la problemática que los convoca, su impacto en la actualidad y las actividades previstas.

“En Argentina desde tiempo inmemoriales existe un sistema que abarca todo el país, compuesto por herramientas normadas y no normadas, pero toleradas y avaladas por el Estado, que permite a las fuerzas de seguridad, policías y otras, a detener personas, sin ningún tipo de imputación de delito. Es decir, en forma discrecional, a criterio policial”, definió María del Carmen.

Entre los instrumentos mencionados en las normas, puede mencionarse la “detención para averiguación de antecedentes”, y entre los que no lo están, las razzias policiales. Esto deviene en que esté naturalizado en el país, que haya cientos de personas privadas de su libertad sin ser acusadas de ningún delito y sin que ningún juez o fiscal lo haya ordenado. Existe en estas facultades, un gran margen de discrecionalidad por parte de las fuerzas de seguridad. Para dimensionar el problema, CORREPI contabiliza más de 4700 personas “asesinadas por el aparato represivo estatal” desde 1996. De esos casos, el 52% tenían entre 15 y 25 años. Y de ese total el 39% son muertes en cárceles y comisarías. 

Claro que esta facultad librada a la voluntad de ciertos efectivos policiales, tiene como principales víctimas ciertos grupos de personas, cuya característica en común es la situación de vulnerabilidad frente al aparato estatal. “Las hipótesis de esas posibles detenciones llevan frases como ´indicios de posible criminalidad´, ´sospecha de que hubiera cometido o esté por cometer un delito´ y otras que sistemáticamente muestran que el sujeto debe ser detenido porque tiene cara de sospechoso. Y, en mi experiencia personal de 30 años trabajando en estos contextos, nunca me tocó encontrarme a un ejecutivo italiano. La víctima es el joven, es el pobre, es el diferente, es el perteneciente a minorías o mayorías discriminadas desde el poder… todo aquel que debe ser enseñado a respetar el orden establecido, que debe ser disciplinado”, explica Verdú.

Además, la abogada explica otra arista de este flagelo con la que se ha cruzado en su vasta experiencia en contacto directo con este tipo de casos: además del control social, las detenciones arbitrarias suelen tener un fin recaudatorio, pues bajo amenazas de inventar causas criminales “pesadas”, obligan a los detenidos a conseguir ciertas sumas de dinero en determinado plazo de tiempo. 

Claro que si el imputado se niega, según explica María del Carmen, la detención puede terminar con la muerte. “Así pasó con Jorge “Chaco” González: se negó a dar el número telefónico de la madre para que la llamaran y le pidieran $2000- (una fortuna en 2001), y la paliza que le dieron le ocasionó la muerte 14 días después”, expresó al tiempo que comentó que el mencionado, es uno de los pocos casos en que los policías fueron condenados. 

Pero, además, el panorama se termina de tornar sombrío si contemplamos que las detenciones arbitrarias son la puerta de entrada para situaciones peores. La militante explica, al respecto, que “Hay un dato al respecto que no resiste mayor debate: si tomamos nuestro archivo de casos de CORREPI, más de la mitad de las personas fallecidas dentro de una comisaría, no estaban acusadas de ningún delito, ni puestos a disposición de ningún juez ni fiscal. Al contrario: fueron víctimas de una detención arbitraria, lo que indica que no tenían que estar en la comisaría”.

Asimismo, María del Carmen no es optimista respecto a los tiempos políticos actuales: “En los últimos 4 meses, se vienen ampliando esas facultades de las que hablamos, porque permiten el control y disciplinamiento social. Se han reformado Códigos Provinciales como el de Córdoba, hemos tenido pronunciamientos judiciales muy significativos, como el del Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que le aclaró a la Policía Federal que no era necesaria la existencia de sospecha para interceptar a alguien en la calle y pedirle el documento, entre otras tantas. Esto nos muestra que estamos en una etapa en que las facultades policiales van a ser usadas con expresa orden del poder político, de una forma más masiva”.

Esta es una de las razones por las cuales, menciona, se decide lanzar la Campaña contra las detenciones arbitrarias, a cuya agenda de actividades puede accederse en el evento de Facebook de este link, incluyendo una Conferencia de Prensa el miércoles 20 y una marcha el viernes próximo. 

Si bien el programa está mentado para realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, explica la integrante de CORREPI, “se espera que tenga repercusiones en todo el país, porque la problemática es pareja en toda la Argentina, pero en particular en aquellos ámbitos en los cuales existen organizaciones que coordinan con nosotros en el marco del Encuentro Anual Antirrepresivo, y donde haya organizaciones o compañeros y compañeras independientes que quieran tomarla y desarrollarla con las características de cada lugar”. Adhieren a la convocatoria más de 50 organizaciones de todo tipo (políticas, gremiales, estudiantiles, de género, territoriales, de comunicación popular, etcétera).

“Buscamos visibilizar nuestras consignas, hacer que se tome conciencia de que más de la mitad de las personas que se encuentran en una comisaría, lo están por este tipo de herramientas y no por la comisión de un delito, y que esto deviene en torturas y muertes”, sintetiza Verdú.

María del Carmen Verdú habla durante toda la entrevista con voz fuerte y contundente. Se nota en su voz la firmeza propia de la experiencia de caminar las calles, de estar profundamente implicada y de conocer en primera persona aquellas consignas por las cuales milita. “La única forma de terminar de cuajo con todo esto, es construir una sociedad basada en criterios, valores y principios diferentes. Eso excede a CORREPI, pero sí podemos abonar ese camino, mostrando cuál es la realidad”, dice nuestra entrevistada para finalizar, mostrándonos en forma optimista la luz al final del túnel.